Carlos Chirinos
BBC Mundo, Caracas
La tarde del martes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que la Contraloría puede establecer sanciones políticas a funcionarios públicos, lo que corta las aspiraciones de cientos de potenciales candidatos para las Papa: "aléjense del desierto espiritual" ...
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En el texto de la sentencia que se dio a conocer en el sitio web del TSJ se establece que las inhabilitaciones dictadas por el contralor de la República, Clodosvaldo Russián, no violan la Constitución, como alegaron algunos de los afectados, para quienes la carta magna establece la necesidad de que exista condena firme de un tribunal.
Ante la decisión administrativa del contralor de inhabilitar políticamente a unas 270 personas, algunos de los afectados introdujeron demanda de nulidad contra el artículo 105 de la Ley de Contraloría que otorga la facultad "inhabilitadora" al contralor.
Aunque en la lista figuran algunos "chavistas", la oposición al presidente Hugo Chávez asegura que la mayoría de los inhabilitados pertenecen a sus filas y que algunos cuentan con grandes posibilidades de ganar, según las encuestas que manejan.
El caso más famoso es el de Leopoldo López, actual Alcalde de Chacao - uno de los cinco municipios en los que se divide Caracas- y quien aspiraba a postularse a la Alcadía Mayor de la capital venezolana.
El contralor Russián ha rechazado que se trate de una medida política para beneficiar el proyecto del presidente Chávez, con el cual ha reconocido simpatizar.
Russián asegura que la inhabilitación política es una sanción administrativa, no penal, con la que busca luchar contra la corrupción. Además afirma que no se están quitando los derechos políticos a los sancionados sino "solo la posibilidad de postularse a cargos públicos".
Sin embargo, algunos juristas vinculados a la oposición han asegurado a BBC Mundo que no es posible limitar los derechos políticos "por secciones".
Fuera de juego
"Estamos fuera del juego" reconoció a BBC Mundo José Antonio Maez, síndico del municipio Chacao y jefe del equipo legal que asesora al acalde López.
"Esto es un golpe a la constitución dado por todos los poderes del estado, porque desde el ejecutivo hasta la Defensoría del Pueblo se habían ya pronunciado a favor del contralor", dijo Maez, para quien la única vía legal que les queda a los "inhabilitados" es presentar sus casos ante el sistema interamericano de justicia.
"Se está limitando un derecho humano mediante un acto administrativo", lo que según Maez contraviene la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Según el abogado en el caso del alcalde López hay adicionalmente un retardo en la administración de justicia que también es penalizado por la Carta.
Maez afirmó a BBC Mundo que López presentó su demanda ante el TSJ hace más de dos años.
La decisión del Tribunal desestimó el planteamiento de López, que la semana pasada fue escuchado por la Sala Plena, junto con otros 14 afectados que habían interpuesto demandas contra el contralor.
El equipo de López explicó a BBC Mundo que el caso ya fue admitido la semana pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
López ha puesto en marcha una estrategia para "internacionalizar" el caso no solo jurídica sino políticamente. Y ya ha obtenido respaldos de varias corporaciones, partidos políticos y colegas alcaldes.
(BBC)
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